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RGPD

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4, el presente Reglamento se aplicará a las siguientes entidades:

a)

entidades de crédito;

b)

entidades de pago, incluidas las entidades de pago exentas en virtud de la Directiva (UE) 2015/2366;

c)

proveedores de servicios de información sobre cuentas;

d)

entidades de dinero electrónico, incluidas las entidades de dinero electrónico exentas en virtud de la Directiva 2009/110/CE;

e)

empresas de servicios de inversión;

f)

proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en virtud de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937 (en lo sucesivo, «Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos»), y emisores de fichas referenciadas a activos;

g)

depositarios centrales de valores;

h)

entidades de contrapartida central;

i)

centros de negociación;

j)

registros de operaciones;

k)

gestores de fondos de inversión alternativos;

l)

sociedades de gestión;

m)

proveedores de servicios de suministro de datos;

n)

empresas de seguros y de reaseguros;

o)

intermediarios de seguros, intermediarios de reaseguros e intermediarios de seguros complementarios;

p)

fondos de pensiones de empleo;

q)

agencias de calificación crediticia;

r)

administradores de índices de referencia cruciales;

s)

proveedores de servicios de financiación participativa;

t)

registros de titulizaciones;

u)

proveedores terceros de servicios de TIC.

2.   A efectos del presente Reglamento, las entidades a que se refiere el apartado 1, letras a) a t), se denominarán colectivamente «entidades financieras».

3.   El presente Reglamento no se aplicará a:

a)

los gestores de fondos de inversión alternativos tal como se contemplan en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2011/61/UE;

b)

las empresas de seguros y de reaseguros tal como se contemplan en el artículo 4 de la Directiva 2009/138/CE;

c)

los fondos de pensiones de empleo que gestionen planes de pensiones que, en conjunto, no tengan más de quince partícipes en total;

d)

las personas físicas o jurídicas exentas en virtud de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2014/65/UE;

e)

los intermediarios de seguros, los intermediarios de reaseguros y los intermediarios de seguros complementarios que sean microempresas o pequeñas o medianas empresas;

f)

las oficinas de cheques postales tal como se contemplan en el artículo 2, apartado 5, punto 3, de la Directiva 2013/36/UE.

4.   Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento a las entidades a que se refiere el artículo 2, apartado 5, puntos 4 a 23, de la Directiva 2013/36/UE que estén situadas en sus respectivos territorios. Cuando un Estado miembro haga uso de esta posibilidad, informará de ello a la Comisión, así como de cualquier modificación posterior al respecto. La Comisión hará pública esta información en su sitio web o por otros medios fácilmente accesibles.

Preguntas habituales

Preguntas frecuentes

¿A quién se aplica DORA?

DORA se aplica a las entidades financieras y a los proveedores terceros de servicios de TIC, las empresas que prestan esos servicios (artículo 2, apartado 1, de DORA).

Entre las entidades financieras figuran entidades de crédito, entidades de pago, empresas de servicios de inversión, proveedores de servicios de criptoactivos, centros de negociación y empresas de seguros y de reaseguros.

Algunas entidades quedan excluidas, y un Estado miembro puede excluir a otras (artículo 2, apartados 3 y 4).

¿Qué entidades quedan excluidas de DORA?

Quedan excluidas determinadas entidades, como los intermediarios de seguros, de reaseguros y de seguros complementarios que sean microempresas o pequeñas o medianas empresas, y los fondos de pensiones de empleo cuyos planes no tengan en conjunto más de 15 partícipes (artículo 2, apartado 3, de DORA).

El artículo 2, apartado 4, de DORA permite además a un Estado miembro excluir a las entidades de su territorio exentas en virtud de la Directiva 2013/36/UE.

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