1. Las entidades financieras clasificarán los incidentes relacionados con las TIC y determinarán su repercusión con arreglo a los siguientes criterios:
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a) |
número y/o pertinencia de los clientes o las contrapartes financieras afectados y, cuando proceda, la cantidad o el número de transacciones afectadas por el incidente relacionado con las TIC, y si dicho incidente ha repercutido en la reputación; |
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b) |
duración del incidente relacionado con las TIC, incluida la duración de la interrupción del servicio; |
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c) |
extensión geográfica de las zonas afectadas por el incidente relacionado con las TIC, en especial si afecta a más de dos Estados miembros; |
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d) |
pérdidas de datos que el incidente relacionado con las TIC acarree, en relación con la disponibilidad, la autenticidad, la integridad o la confidencialidad de los datos; |
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e) |
carácter esencial de los servicios afectados, incluidas las transacciones y operaciones de la entidad financiera; |
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f) |
las consecuencias económicas, en particular los costes y las pérdidas directos e indirectos, del incidente relacionado con las TIC, tanto en términos absolutos como relativos. |
2. Las entidades financieras clasificarán las ciberamenazas como importantes en función del carácter esencial de los servicios en situación de riesgo, incluidas las transacciones y operaciones de la entidad financiera, el número y/o la pertinencia de los clientes o de las contrapartes financieras a las que se dirigen las amenazas y la extensión geográfica de las zonas de riesgo.
3. Las Autoridades Europeas de Supervisión, a través del Comité Mixto y en consulta con el BCE y la ENISA, elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación comunes en las que se especificará más detalladamente lo siguiente:
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a) |
los criterios expuestos en el apartado 1, y en concreto los umbrales de importancia relativa para determinar los incidentes graves relacionados con las TIC o, según corresponda, los incidentes operativos o de seguridad graves relacionados con los pagos que son de obligada notificación con arreglo al artículo 19, apartado 1; |
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b) |
los criterios que deberán aplicar las autoridades competentes para evaluar la relevancia de los incidentes graves relacionados con las TIC o, según corresponda, los incidentes operativos o de seguridad graves relacionados con los pagos, para las autoridades competentes pertinentes de otros Estados miembros, y los detalles de las notificaciones de incidentes graves relacionados con las TIC o, según corresponda, incidentes operativos o de seguridad graves relacionados con los pagos, que deberán compartirse con otras autoridades competentes en virtud del artículo 19, apartados 6 y 7; |
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c) |
los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo, incluidos umbrales de importancia relativa elevados para determinar las ciberamenazas importantes. |
4. Cuando elaboren los proyectos de normas técnicas de regulación comunes a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, las Autoridades Europeas de Supervisión tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 2, así como las normas internacionales, las orientaciones y las especificaciones elaboradas y publicadas por la ENISA, incluidas, cuando proceda, las especificaciones para otros sectores económicos. A efectos de la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 2, las Autoridades Europeas de Supervisión tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas movilicen recursos y capacidades suficientes para garantizar una gestión rápida de los incidentes relacionado con las TIC.
Las Autoridades Europeas de Supervisión presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación comunes a más tardar el 17 de enero de 2024.
Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el apartado 3 de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010, los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1094/2010 y los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.
